El 21 de octubre de 2026, el Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 en dos lecturas, y con declaratoria de urgencia, un proyecto de ley que modifica el art\u00edculo 31 de la Ley 44-26. El efecto es sencillo de enunciar y de consecuencias profundas: los art\u00edculos 8, 9, 10 y 11 del nuevo C\u00f3digo Penal, que consagran por primera vez en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas<\/strong>, ya no entrar\u00edan en vigor el 5 de noviembre de 2026, sino veinticuatro meses despu\u00e9s, es decir, en noviembre de 2028.<\/p>\n En las \u00faltimas semanas he escuchado a m\u00e1s de un empresario respirar aliviado. Entiendo el alivio, pero no lo comparto. La pr\u00f3rroga, si la C\u00e1mara de Diputados la confirma y el Poder Ejecutivo la promulga, aplaza la fecha en que una sociedad comercial puede sentarse en el banquillo. No aplaza la responsabilidad penal de sus administradores, no suspende las dem\u00e1s leyes que ya sancionan a las empresas, y no borra el hecho de que el r\u00e9gimen llegar\u00e1 de todos modos. Lo que compra es tiempo. Y el tiempo, en materia de cumplimiento normativo, solo vale si se usa.<\/p>\n En este art\u00edculo de blog<\/a> explico qu\u00e9 aprob\u00f3 el Senado, en qu\u00e9 punto est\u00e1 el tr\u00e1mite, qu\u00e9 pasa si la C\u00e1mara no act\u00faa antes del 5 de noviembre, y por qu\u00e9 sostengo que esta pr\u00f3rroga, lejos de ser un indulto, es la \u00faltima advertencia antes de que el r\u00e9gimen se aplique con todo su rigor.<\/p>\n Conviene recordar la secuencia, porque esta es la segunda vez que el legislador difiere el mismo r\u00e9gimen.<\/p>\n La Ley 74-25<\/strong>, Org\u00e1nica que instituye el C\u00f3digo Penal, fue promulgada el 3 de agosto de 2025 tras casi tres d\u00e9cadas de debate y sustituy\u00f3 el c\u00f3digo de 1884. Tuvo un a\u00f1o de vacatio legis<\/em> y entr\u00f3 en vigor el 5 de agosto de 2026. Entre sus innovaciones m\u00e1s significativas estaba la de romper con el viejo principio de que las sociedades no delinquen (societas delinquere non potest<\/em>) y reconocer que una persona jur\u00eddica puede ser sujeto activo de infracciones penales.<\/p>\n Antes de que el c\u00f3digo entrara en vigor, el Congreso aprob\u00f3 la Ley 44-26<\/strong>, del 27 de julio de 2026, con 32 modificaciones puntuales. Entre ellas, reescribi\u00f3 el art\u00edculo 8 sobre responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas y, en su art\u00edculo 31, dispuso que los art\u00edculos 8, 9, 10 y 11 entrar\u00edan en vigor tres meses despu\u00e9s del resto del c\u00f3digo. El considerando quinto de esa ley fue expl\u00edcito: la novedad del r\u00e9gimen ameritaba un diferimiento \"por un plazo breve\" para permitir un proceso de adecuaci\u00f3n.<\/p>\n Ese plazo breve venc\u00eda el 5 de noviembre de 2026<\/strong>. Faltando pocas semanas, el senador Rafael Bar\u00f3n Duluc Rijo, presidente de la Comisi\u00f3n de Justicia, deposit\u00f3 un proyecto para convertir los tres meses en veinticuatro. El Senado lo aprob\u00f3 el 21 de octubre con informe favorable de su propia comisi\u00f3n y lo declar\u00f3 de urgencia.<\/p>\n El texto es breve y quir\u00fargico. Modifica el art\u00edculo 31 de la Ley 44-26 para disponer que los art\u00edculos 8 y 11, tal como fueron modificados por la Ley 44-26, y los art\u00edculos 9 y 10 de la Ley 74-25, entrar\u00e1n en vigencia a los veinticuatro meses contados a partir de la publicaci\u00f3n de la nueva ley, por excepci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 393 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n Tres precisiones importan:<\/p>\n Una observaci\u00f3n de t\u00e9cnica legislativa: el plazo corre desde la publicaci\u00f3n de la nueva ley, no desde el 5 de noviembre de 2026. Si la ley se promulga y publica en noviembre, la fecha de entrada en vigor caer\u00e1 en noviembre de 2028; si se retrasa, se correr\u00e1 en la misma medida. La cifra \"5 de noviembre de 2028″ que circula en los medios es, por tanto, una aproximaci\u00f3n.<\/p>\n Al momento de escribir estas l\u00edneas, el proyecto ha sido aprobado solo por el Senado. Para convertirse en ley debe ser aprobado por la C\u00e1mara de Diputados y luego promulgado y publicado por el Poder Ejecutivo. La declaratoria de urgencia permite que la C\u00e1mara lo conozca en una sola sesi\u00f3n con dos discusiones, pero no garantiza que lo haga antes del 5 de noviembre.<\/p>\n Eso abre dos escenarios que toda empresa debe tener presentes:<\/p>\n Escenario A: la ley se promulga antes del 5 de noviembre.<\/strong> El r\u00e9gimen de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas nunca llega a entrar en vigor en 2026 y queda diferido hasta finales de 2028. Es el escenario que el Senado busca y el m\u00e1s probable, dado que el Ejecutivo impuls\u00f3 el c\u00f3digo y no tiene inter\u00e9s en una entrada en vigor ca\u00f3tica.<\/p>\n Escenario B: la ley no se promulga a tiempo.<\/strong> El 5 de noviembre los art\u00edculos 8 a 11 entran en vigor por el solo efecto de la Ley 44-26. Si la pr\u00f3rroga se aprueba despu\u00e9s, se producir\u00eda una situaci\u00f3n poco com\u00fan: un r\u00e9gimen que estuvo vigente durante d\u00edas o semanas y que luego se suspende. Las infracciones cometidas por una persona jur\u00eddica en ese intervalo plantear\u00edan preguntas de derecho transitorio que ning\u00fan tribunal dominicano ha resuelto. El principio de aplicaci\u00f3n de la ley penal m\u00e1s favorable (art\u00edculo 110 de la Constituci\u00f3n) apuntar\u00eda a la extinci\u00f3n de esa responsabilidad, pero no ser\u00eda un asunto pac\u00edfico.<\/p>\n Mi recomendaci\u00f3n profesional es tratar el 5 de noviembre como una fecha real hasta que el Poder Ejecutivo publique la pr\u00f3rroga. Ninguna empresa deber\u00eda apostar su exposici\u00f3n penal a la agenda de una c\u00e1mara legislativa.<\/p>\n Aqu\u00ed est\u00e1 el n\u00facleo de mi argumento. La pr\u00f3rroga suspende un mecanismo de imputaci\u00f3n, no la antijuridicidad de las conductas. Lo que hoy es delito seguir\u00e1 si\u00e9ndolo el 6 de noviembre, con o sin pr\u00f3rroga. Cambia \u00fanicamente qui\u00e9n puede ser condenado por ello.<\/p>\n Primero, los administradores siguen respondiendo con su libertad.<\/strong> El C\u00f3digo Penal vigente ya castiga el fraude, la estafa, el lavado de activos, el soborno, la falsedad en documentos, las infracciones ambientales y la larga lista de conductas que suelen cometerse desde o a trav\u00e9s de una empresa. Quien las comete, las ordena o las tolera desde un cargo directivo responde personalmente. La pr\u00f3rroga no cambia una coma de eso. Para el gerente general, el director financiero o el miembro del consejo, el 5 de noviembre de 2026 y el 5 de noviembre de 2028 son fechas id\u00e9nticas.<\/p>\n Segundo, las empresas ya responden bajo otras leyes.<\/strong> El r\u00e9gimen de los art\u00edculos 8 a 11 es la pieza general, pero no la \u00fanica. La Ley 155-17 contra el lavado de activos impone a los sujetos obligados sanciones administrativas severas y puede derivar en responsabilidad penal. La Ley 64-00 sobre medio ambiente, la legislaci\u00f3n tributaria y aduanera, la Ley 42-08 de defensa de la competencia y la propia Ley 86-26 de juegos de azar contemplan consecuencias para las personas jur\u00eddicas que van desde multas millonarias hasta el cierre y la disoluci\u00f3n. Una empresa que lea la pr\u00f3rroga como licencia para relajar sus controles descubrir\u00e1 que el Estado tiene muchas otras puertas.<\/p>\n Tercero, el programa de cumplimiento vale m\u00e1s hoy que en 2028.<\/strong> El art\u00edculo 8, en su redacci\u00f3n de la Ley 44-26, dispone que la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica podr\u00e1 ser atenuada cuando cuente con pol\u00edticas y programas verificables y medibles de cumplimiento normativo y prevenci\u00f3n. Esa atenuante no se improvisa. Un programa dise\u00f1ado en octubre de 2028 para estrenarlo en noviembre no es verificable ni medible: es un papel. Los tribunales, cuando llegue el momento, mirar\u00e1n la trayectoria del programa, no su fecha de aprobaci\u00f3n. Dos a\u00f1os de implementaci\u00f3n documentada son exactamente lo que convierte un manual en una defensa.<\/p>\n Cuarto, el mercado no espera al legislador.<\/strong> Los bancos corresponsales, los reaseguradores, los compradores extranjeros y los socios comerciales de jurisdicciones con reg\u00edmenes de responsabilidad corporativa consolidados ya exigen programas de cumplimiento a sus contrapartes dominicanas. Esa exigencia viene de sus propias leyes, no de las nuestras, y no conoce pr\u00f3rrogas.<\/p>\n Ser\u00eda injusto presentar la pr\u00f3rroga como una simple concesi\u00f3n al empresariado. Hay argumentos serios a su favor.<\/p>\n El primero es de capacidad institucional. Un r\u00e9gimen de responsabilidad penal corporativa exige fiscales que sepan imputar a una sociedad, jueces que sepan dosificar penas de multa, disoluci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, y un Ministerio P\u00fablico con unidades especializadas. La propia ley reconoce que esa capacidad no existe todav\u00eda, al imponer deberes de capacitaci\u00f3n durante los dos a\u00f1os. Aplicar el r\u00e9gimen sin esa preparaci\u00f3n invitar\u00eda a procesos mal construidos, a condenas revocadas y a un desprestigio temprano de la figura.<\/p>\n El segundo es de seguridad jur\u00eddica. El art\u00edculo 8 dej\u00f3 abiertas preguntas de fondo: c\u00f3mo se prueba el defecto de organizaci\u00f3n, qu\u00e9 est\u00e1ndar deben cumplir los programas de cumplimiento para operar como atenuante, c\u00f3mo se atribuye la conducta de un empleado de rango medio. En Espa\u00f1a, donde la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas se introdujo en 2010, hicieron falta una reforma en 2015 y varios a\u00f1os de jurisprudencia del Tribunal Supremo para fijar esos contornos. Dos a\u00f1os de preparaci\u00f3n en la Rep\u00fablica Dominicana no son una exageraci\u00f3n.<\/p>\n El argumento en contra es igualmente serio. Esta es la segunda pr\u00f3rroga del mismo r\u00e9gimen en menos de cuatro meses, y la Ley 44-26 ya hab\u00eda calificado el primer diferimiento como \"un plazo breve\". Un Congreso que mueve dos veces la misma fecha transmite al mercado que la tercera tambi\u00e9n es posible, y ese mensaje erosiona la fuerza disuasoria de la norma antes de que haya producido un solo expediente. La experiencia comparada ense\u00f1a que los reg\u00edmenes de responsabilidad corporativa solo funcionan cuando las empresas creen que ser\u00e1n aplicados.<\/p>\n Mi lectura es que la pr\u00f3rroga es defendible en el fondo y defectuosa en la forma. Debi\u00f3 aprobarse en julio, dentro de la Ley 44-26, con un plazo realista desde el inicio, y no a dos semanas del vencimiento. El resultado es una norma razonable aprobada de la manera menos razonable posible.<\/p>\n Si el Estado va a usar estos dos a\u00f1os para capacitar a sus fiscales y jueces, las empresas deber\u00edan usarlos para algo equivalente. Propongo un orden de prioridades.<\/p>\n Una empresa que ejecute esta lista llegar\u00e1 a 2028 con un programa maduro. Una que la postergue llegar\u00e1 a 2028 con la misma ansiedad de hoy, pero sin margen.<\/p>\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n El Senado ha concedido a las empresas dominicanas un plazo de gracia que, en el fondo, es tambi\u00e9n un plazo de gracia para el Estado. Ambos lo necesitaban. Pero conviene no confundir una pr\u00f3rroga con una absoluci\u00f3n. El r\u00e9gimen de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas no ha sido derogado ni debilitado; ha sido diferido. Los administradores responden hoy. Las leyes sectoriales se aplican hoy. Y el programa de cumplimiento que servir\u00e1 de defensa en 2028 solo ser\u00e1 cre\u00edble si empieza a construirse ahora.<\/p>\n Quien lea la noticia del 21 de octubre como una invitaci\u00f3n a esperar habr\u00e1 entendido exactamente lo contrario de lo que la ley dice.<\/p>\n VSP Law, PLLC<\/a> (VSP Consultores Legales, S.A.) asesora a empresas y a sus \u00f3rganos de administraci\u00f3n en el dise\u00f1o, implementaci\u00f3n y auditor\u00eda de programas de cumplimiento normativo, en la evaluaci\u00f3n de riesgo penal corporativo y en la defensa de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas. Cont\u00e1ctenos en nuestra oficina de Santo Domingo al (849) 570-2800, al lic. <\/span>C. Constantin Poindexter Salcedo<\/a>.<\/span><\/p>\n Este art\u00edculo tiene fines informativos y refleja la opini\u00f3n de su autor. No constituye asesor\u00eda legal. El proyecto de ley comentado est\u00e1 pendiente de aprobaci\u00f3n por la C\u00e1mara de Diputados y de promulgaci\u00f3n por el Poder Ejecutivo al momento de su redacci\u00f3n; el lector debe verificar su estado antes de tomar decisiones.<\/em><\/p>\n Fuentes<\/strong><\/p>\n La pr\u00f3rroga no es un indulto: el Senado pospone a 2028 la responsabilidad penal de las empresas El 21 de octubre de 2026, el Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 en dos lecturas, y con declaratoria de urgencia, un proyecto de ley que modifica el art\u00edculo 31 de la Ley 44-26. El efecto es sencillo de…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":164,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,85],"tags":[7,10,285,66,291,283,94,293,289,14,281,287,8],"class_list":["post-163","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-corporativo","category-derecho-penal","tag-c-constantin-poindexter-salcedo","tag-codigo-penal-dominicano","tag-compliance","tag-cumplimiento-normativo","tag-derecho-penal-empresarial","tag-ley-44-26","tag-ley-74-25","tag-programas-de-cumplimiento","tag-prorroga-2028","tag-republica-dominicana","tag-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas","tag-senado-de-la-republica","tag-vsp-law"],"yoast_head":"\nUn calendario qu <\/span>eya se hab\u00eda movido una vez<\/span><\/h2>\n
Qu\u00e9 dice exactamente el proyecto aprobado<\/h2>\n
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D\u00f3nde est\u00e1 el tr\u00e1mite y qu\u00e9 pasa el 5 de noviembre<\/h2>\n
Por qu\u00e9 la pr\u00f3rroga no es un indulto<\/h2>\n
\u00bfEs razonable la pr\u00f3rroga? Una lectura cr\u00edtica<\/h2>\n
Qu\u00e9 hacer con los veinticuatro meses<\/h2>\n
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C\u00f3mo puede ayudarle VSP Law<\/h3>\n
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